LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DEL NUEVO ROYALTY MINERO EN CHILE
Tras la aprobación por parte del Congreso del proyecto de royalty minero, Chile logró alcanzar la tan ansiada claridad sobre los impuestos que deberán pagar las mineras de cobre a partir de 2024.
“El mayor acierto es haber cerrado finalmente la discusión. La incertidumbre desde hace varios años en relación con este asunto hacía más difícil tomar decisiones de inversión minera en Chile”, dijo Rony Zimerman, abogado líder del área de recursos naturales y minería del estudio jurídico Lembeye, en conversación con BNamericas.
También se considera relevante el haber llegado a una moderación en las tasas, en comparación al proyecto original de 2018 y a las sucesivas modificaciones que tuvo la iniciativa a lo largo de más de cuatro años de debate.
Finalmente, se fijó una carga tributaria máxima de 46,5% para las mineras que produzcan sobre las 80.000t/a de cobre y de 45,5% para las que se ubican en un nivel entre 50.000t/a y 80.000t/a. En ambos casos, las tasas serán calculadas sobre la renta imponible operacional minera ajustada.
Además, se incluye un impuesto ad valorem con una tasa fija de 1% sobre las ventas anuales. El proyecto reemplaza el actual impuesto específico a la actividad minera que gira en torno al 37%. El proyecto lo aprobó la Cámara Baja el miércoles, después de que el Senado diera su visto bueno el 11 de mayo, y ahora está a la espera de la rúbrica del presidente Gabriel Boric para convertirse en ley.
Quizá ahora la única incertidumbre que se cierne sobre el sector es cómo puede afectar la ley a la competitividad de alrededor de 13 empresas en Chile y más del 60% de la producción cuprífera nacional.
El royalty será levemente superior a los países con los cuales Chile compite, pero, «mirado desde un punto de vista estrictamente tributario, se podría afectar la decisión de inversión», advirtió a BNamericas el abogado director del área tributaria del estudio Arteaga Gorziglia, Andrés Ossandón.
“Particularmente, ya que la nueva ley no se promulgará junto con un programa de incentivos para las exploraciones nuevas o mejoras al sistema actual de permisos, que ayudaría a que la minería chilena siga siendo atractivo para la inversión y alivie las complejidades de la baja progresiva de las leyes del mineral, costos altos y la dificultad en tramitar los permisos necesarios”, añadió Zimerman.
Jorge Riesco, presidente de la sociedad minera Sonami, también cree que se deberían haber considerado incentivos como un plazo de invariabilidad tributaria no inferior a los 15 años, con el propósito de dar certeza y seguridad al sector para desarrollar proyectos futuros.
Por su parte, Miguel Zauschkevich, presidente de la Cámara Minera de Chile, convocó a las autoridades a buscar caminos para potenciar la minería nacional mediante una gestión eficiente de los permisos para nuevos proyectos y ampliaciones.
A partir de 2025, parte de los ingresos fiscales se distribuirán entre tres fondos regionales a través delos cuales la administración Boric desembolsará cerca de US$450 millones para educación, salud,vivienda y empleo en los municipios mineros del país.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó el miércoles que los recursos también se usarán parafinanciar obras, infraestructura y reducir la inseguridad en Chile.
Algunas empresas que poseen faenas mineras que deberán asumir el royalty son la estatal Codelco y las privadas Minera Escondida, Antofagasta Minerals, Anglo American, Lumina Copper Mining, Lundin, Glencore, Teck,
Freeport–McMoRan, Sierra Gorda SCM, Collahuasi y Capstone Copper.
Escrito por: Elinor Trebilcock
Fuente: BNAmerica