Insolvencia en la construcción: el riesgo de un efecto sistémico

Hace un par de semanas sorprendió la solicitud de reorganización concursal por parte de Sencorp, empresa inmobiliaria responsable de la Torre Titanium y de impulsar el barrio financiero de Santiago, nuestro Sanhattan.

Sin embargo, esta noticia que golpea al rubro no es aislada. De acuerdo a cifras publicadas por este mismo medio, desde fines de 2019 son más de una docena las compañías del sector construcción e inmobiliario que han iniciado procesos ante la justicia, ya sea para solicitar su liquidación o para llegar a un acuerdo con sus acreedores y seguir operando.

El problema va más allá de un análisis compañía por compañía. Se trata de varios procesos similares frente a los cuales debemos ser capaces identificar y enfrentar alertas de forma temprana. Y es que, la insolvencia de una empresa constructora afecta no solo a sus acreedores; sino que también genera un efecto ‘sistémico’ que no se puede ignorar.

Las constructoras son usuarios habituales de boletas bancarias de garantía y pólizas de seguro, las cuales podrían ejecutarse ante escenarios de incumplimientos contractuales que preceden o pueden ser gatillados por una situación de insolvencia que impida cubrir los (mayores) costos que implica la ejecución de una obra. Así, salvo restricciones judiciales y contractuales, los pasivos de una constructora podrían aumentar considerablemente si se ejecutaran sus garantías.

Por otra parte, es común que estas empresas empleen subcontratistas y proveedores de distinto tipo y solidez financiera, de modo que la falta de recursos de un contratista general puede generar una reacción en cadena si sus subcontratistas y proveedores no reciben el pago de los trabajos ejecutados. Es un problema que, por lo demás, no solo afecta a estos subcontratistas, sino también a sus trabajadores, e incluso a los mandantes, quienes podrían verse en la necesidad de utilizar herramientas contractuales y legales para, en lo posible, continuar con la ejecución de la obra ante la incapacidad financiera de su contratista general.

Finalmente, la responsabilidad de las constructoras excede a sus acreedores directos y se extiende también a los propietarios finales de las obras ejecutadas, particularmente en lo que se refiere a la calidad de las obras construidas. Se trata de un efecto especialmente relevante si se considera que, legalmente, estas empresas son responsables por defectos de construcción incluso hasta 10 años después de la recepción de las obras.

Ante ese escenario, si bien la liquidación concursal puede resultar ‘atractiva’ bajo ciertas consideraciones, lo cierto es que el efecto generalizado de la insolvencia vuelve interesante el camino de la reorganización concursal y, por tanto, el de la colaboración entre el deudor y sus acreedores, en búsqueda de acuerdos que vayan más allá de la simple reprogramación del pasivo, enfocándose también en los distintos efectos y factores que inciden en esta industria.

Se trata de alertas a tener en cuenta no solo por los montos involucrados en este tipo de procesos (los 12 procesos reportados por este medio superan los US$ 500 millones), sino también porque detrás de esta industria hay familias que dependen de este sector como empleador, constructor y vendedor.