Es cierto que el mandatado para controlar la inflación a través de política monetaria es el Banco Central, pero eso no implica que la política fiscal deba desentenderse por completo del tema, menos aún en el contexto actual. Y es que los impuestos sí pueden tener injerencia en la inflación, por varias vías.
Por una parte, hay quienes sostienen que un alza en los impuestos a la renta podría reducir la inflación, considerando que hacen que las personas y empresas tengan menos presupuesto a disposición para gastar, vale decir, restringen el consumo. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, pues está estudiado que el comportamiento de consumo de las personas de menores recursos es el más sensible a cambios en el ingreso.
Por otro lado, un alza en determinados impuestos puede aumentar la inflación de forma sostenida o por shocks de precios, por ejemplo, por la vía de encarecer directa e indirectamente el precio de los bienes y servicios. Todo parece indicar que este será el caso de Chile.
El 1 de enero de 2023 entra en vigor la ley 21.420, que hará aplicable el IVA a los servicios, los que actualmente están en su mayoría no gravados. Vale decir, los servicios incluidos en la canasta básica cuyo precio se controla por el IPC tendrán un aumento inmediato y directo de 19%. De forma indirecta, el IVA en los servicios también podría tener impacto en otros componentes de la canasta básica, por ejemplo, encareciendo los costos de producción de comercios que no pueden descargar el impuesto.
Lo anterior es más que una especulación. Existe un estudio del propio Banco Central (García et al., 2003) que predijo el efecto en la inflación por el aumento de la tasa de IVA desde el 18% al 19%. Los resultados previeron un aumento de al menos 0,5% en la inflación prevista solo por el aumento en un punto porcentual en la tasa del IVA.
Como si esto no fuera suficientemente preocupante, la reforma tributaria que presentará el gobierno en estos días incluye modificaciones que también podrían encarecer ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, la reforma contempla gravar con impuestos a la renta los arrendamientos de bienes raíces, lo que la lógica indica que podría provocar un aumento en el precio de los arriendos. Otro impacto en el IPC.
El efecto de la política tributaria en otros aspectos de la economía muchas veces se pasa por alto, pero acá estamos hablando de un tema primordial como la inflación, que pega durísimo en la mayoría de los hogares y que no puede ser obviado. Mientras el Banco Central contrae lo máximo posible la política monetaria con una inflación que mes a mes rompe pronósticos, el gobierno a través de la política fiscal podría estar incentivando aumentos de precios. No se trata de no poder subir los impuestos, se trata de la oportunidad indicada para hacerlo y de un análisis costo-beneficio crucial: puede ser que el aumento en la recaudación sea insignificante en comparación con el daño en el presupuesto familiar.